El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este lunes las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra entidades estatales cubanas y acusó a la administración del presidente Donald Trump de intensificar su política de presión sobre la isla.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el canciller afirmó que «el gobierno de EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento».

Rodríguez también calificó las nuevas medidas como una «manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país».

El mensaje concluyó con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza y la frase «El embargo sí», en referencia a la política de sanciones que el Gobierno cubano denuncia desde hace décadas.

La reacción del canciller se produjo pocas horas después de que el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaran una nueva ronda de sanciones contra varias entidades cubanas, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), el Ministerio de Turismo (MINTUR) y las empresas COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., además de otras compañías vinculadas al aparato económico del régimen.

Las declaraciones de Rodríguez mantienen la línea discursiva que ha seguido el Gobierno cubano frente a cada nueva ronda de sanciones impuesta por Washington durante 2026.

Tras las medidas anunciadas el 23 de junio contra cinco entidades vinculadas a GAESA, el canciller calificó la decisión como un «acto de guerra» y arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien describió como «deshonesto y mendaz».

Días después aseguró que «no nos interesa la opinión de los Estados Unidos», y el 7 de julio protagonizó un intercambio durante una sesión de Naciones Unidas convocada por Cuba para denunciar la política estadounidense.

Las nuevas sanciones llegan apenas dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, fecha en la que el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo de Washington al pueblo cubano y advirtió que la administración Trump mantendrá la presión sobre el régimen. Ese mismo día, el Senado estadounidense impulsó una resolución con ocho exigencias dirigidas al Gobierno de La Habana.

Desde comienzos de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 medidas restrictivas contra el régimen cubano como parte de su estrategia de máxima presión. Entre ellas figuran sanciones contra GAESA, el MININT, el MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Miguel Díaz-Canel, CUPET y otras entidades estatales vinculadas a los sectores de seguridad, defensa, energía y turismo.

El endurecimiento de las sanciones coincide con una profunda crisis económica y energética en la isla. Los persistentes apagones y el deterioro de las condiciones de vida han alimentado el descontento social, mientras organizaciones de derechos humanos sostienen que, cinco años después del 11J, permanecen encarcelados 1,281 presos políticos, de los cuales 338 fueron condenados por participar en aquellas manifestaciones.