El Proyecto de Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio publicado por el régimen cubano para consulta ciudadana desató este lunes una avalancha de comentarios en redes sociales, con reacciones que van desde la burla y la indiferencia hasta la indignación y la sospecha de que la norma esconde un propósito confiscatorio.

La norma redefine el concepto de domicilio y obliga a todos los ciudadanos cubanos a mantener actualizada su inscripción, pero no aclara qué ocurrirá con quienes viven en el exterior y conservan una dirección registrada en la isla.

La respuesta más extendida entre los emigrados fue la indiferencia desafiante. Decenas de personas declararon que su carné de identidad cubano no les importa en absoluto.

«Mi carnet de identidad se los regalo», escribió uno; otro respondió «ya somos dos», y una tercera añadió «me sumo». Varios afirmaron haberlo dejado atrás al salir: «Yo ni siquiera lo traje cuando salí de Cuba, en algún lugar de La Habana supongo que esté».

Otros comentarios apuntaron directamente a la inviabilidad práctica de la medida en un país sin electricidad estable ni conexión a internet fiable. «¿Con qué corriente van a trabajar si no hay ni corriente ni internet?», preguntó un usuario.

Otro recordó el fracaso del llamado «reordenamiento» económico de 2021: «Veo esto y automáticamente me viene a la mente aquel reordenamiento… desordenado. Total, como en Cuba sobran los recursos, la tecnología y, especialmente, la electricidad. ¿Qué podría salir mal?»

Una parte significativa de los comentaristas expresó la sospecha de que la verdadera intención del régimen es apoderarse de propiedades de emigrados o imponerles cobros en dólares.

«Eso me huele a que hay algunas propiedades importantes que ellos quieren repartirse y robarse antes de que todo se acabe», escribió uno. Otro fue más directo: «esa será otra forma de sacarle dólares a los cubanos emigrados».

Algunos interpretaron la ley como un mecanismo de presión para forzar el retorno temporal. «Eso se llama turismo comunitario forzado, están obligados a viajar a Cuba para actualizar su carnet de identidad, así que preparen el billete, los están poniendo entre la espada y la pared, muchos corren el riesgo de no poder regresar, así de sencillo», advirtió un comentarista.

Varios usuarios señalaron la contradicción de fondo: «No entiendo, están pidiendo a los emigrados participar en la recuperación económica del país y por otro lado buscando la quinta pata al gato para complicarle la situación documental a los mismos».

También hubo quienes recordaron que perder documentos y bienes al emigrar no es novedad en Cuba. «Cuando yo salí de Cuba te quitaban el carnet para entregarte el pasaporte, vamos que te quitaban hasta la casa», escribió una usuaria.

Otra añadió: «y te hacían un inventario hasta del blumer que traías puesto para quitarte todo, hasta la última cuchara». Una tercera resumió la historia con amargura: «los que salimos hace muchos años nos fuimos sin derecho a nada, perdimos todo, así que no es nada nuevo».

La crítica política también estuvo presente. «Eso se llama dictadura militar controlando a los ciudadanos no solo desde adentro sino a los que están en el exterior», escribió un comentarista. Otro sintetizó el sentimiento de muchos con una frase: «en un limbo legal llevamos casi 70 años».

El proyecto, que podría ser aprobado el 29 de julio, se suma a la Ley 171 de Migración —publicada en la Gaceta Oficial en mayo de 2026 y prevista para entrar en vigor en noviembre— que introduce el concepto de «residencia efectiva migratoria» y amplía los poderes del MININT sobre la movilidad de los ciudadanos cubanos, según advirtió la organización Cubalex.