Una forma de la guerra no convencional es la guerra económica. Sin recurrir a complicadas conceptualizaciones, esta se puede evidenciar cuando un gobierno amenaza a otro a través de medios fundamentalmente económicos, con el objetivo de doblegar al país amenazado y obtener cambios en las políticas de este último que beneficien al primero.
Para el escritor francés Christian Harbulot, “la guerra económica es la mayor expresión de las relaciones de fuerza de carácter no militar”. En ese escenario, la forma de debilitar al adversario es inhibiendo su capacidad de beneficiarse del intercambio comercial, financiero y tecnológico con los demás países.
Ese ha sido uno de los principales pilares de la confrontación del gobierno de Estados contra Cuba después de 1959, a través de lo que de este lado del estrecho de la Florida suele denominarse bloqueo económico, comercial y financiero. Se trata de una agresión —consistente en un complejo entramado de políticas y disposiciones jurídicas, intensificado en 2026 con el cerco energético y otras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump— que ha generado un impacto profundo y multifactorial en la sociedad cubana.
La historia de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba se remonta a los primeros meses tras la derrota de la tiranía de Fulgencio Batista. Como respuesta a las decisiones nacionalistas del Gobierno Revolucionario, Dwight Eisenhower, entonces presidente de la nación norteña, prohibió el comercio entre los dos países, excepto con medicinas y algunos alimentos. Posteriormente, el 3 de febrero de 1962 el mandatario John Kennedy oficializó lo que se conoce actualmente como bloqueo, acudiendo a la recién aprobada Ley de Asistencia Exterior.
Dicha normativa, aún vigente, autoriza a la administración estadounidense a establecer y mantener un “embargo” total al comercio con Cuba; prohíbe el otorgamiento de ayuda al gobierno cubano; establece que los fondos del gobierno de Estados Unidos destinados a la ayuda internacional y entregados a los organismos internacionales, no podrán ser utilizados para programas relacionados con Cuba; y prohíbe conceder cualquier asistencia prevista bajo esta ley o cualquier otro beneficio previsto en otra ley a Cuba, hasta que el jefe de Estado determine que la Mayor de las Antillas ha realizado acciones encaminadas a retornar a ciudadanos y empresas estadounidenses no menos del 50 % del valor, o una justa compensación, de las propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano con posterioridad al triunfo de la Revolución.
En la práctica, esta ley confiere al presidente de Estados Unidos un alto grado de discrecionalidad para definir el alcance y la intensidad de las sanciones contra Cuba. Esa facultad ha sido utilizada de manera recurrente para mantener o incrementar la presión política y económica. En un inicio, los círculos de poder anticubanos solían justificar las medidas económicas con la acusación de que la Isla constituía una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Después de la caída del campo socialista, la Isla quedó sumida en una grave crisis económica. Finalizadas la guerra fría y las tensiones con el bloque comunista, la coartada de Cuba como amenaza era aún más inconsistente que antes. Para 1992 el presidente George Bush decretó entonces el Acta para la Democracia en Cuba, conocida como Ley Torricelli. La justificación pasó a ser la supuesta violación de los derechos humanos.
Ese texto legal, considerado el primer paso hacia la internacionalización de la guerra contra Cuba, prohíbe que el país cuente con financiamiento de los organismos competentes internacionales; sanciona a los gobiernos que condonen deuda a Cuba; prohíbe a empresas subsidiarias estadounidenses en terceros países que comercien con la Isla; y prohíbe atracar en puertos estadounidenses por un periodo de 180 días a barcos que transporten mercancías o personas hacia o desde la Mayor de las Antillas.
En tal sentido, un efecto trascendental de la guerra económica es la obstaculización a las relaciones de Cuba con las instituciones financieras internacionales, para que estas eviten trabajar con la Isla. Ello repercute considerablemente en el acceso a divisas y en las transacciones con contrapartes comerciales.
Por su parte, la Ley Helms Burton de 1996 profundizó más la guerra económica al extender sus efectos a terceros países. Su título III prevé la posibilidad de demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que se relacionen con propiedades confiscadas en Cuba. De este modo, la guerra económica aumentó su carácter extraterritorial, al intentar disuadir a socios comerciales de la Isla mediante sanciones y litigios, lo que en los últimos años ha limitado de manera significativa las oportunidades de inversión.
En conjunto, los elementos que configuran el bloqueo contra Cuba han sido utilizados de manera sistemática como parte de una estrategia de presión prolongada, que trasciende coyunturas políticas internas dentro de los propios Estados Unidos y que se ha convertido en un componente estructural de la confrontación bilateral. Por ello, para Cuba, la guerra económica no ha sido una noción abstracta, sino una realidad insoslayable que ha condicionado durante más de seis décadas la vida cotidiana, el desarrollo económico y las relaciones internacionales de la Mayor de las Antillas.
* Algunos elementos que aquí aparecen fueron consultados en la tesis de licenciatura (2025) de la colega Claudia Alejandra Samón López, de la cual el autor del presente material fue oponente.
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