Cuba acudió esta semana a las Naciones Unidas para solicitar un debate extraordinario sobre el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.
No se trató de la cita en la que anualmente la Asamblea General condena esa política casi por unanimidad. Fue una convocatoria nacida de la urgencia, de la necesidad de alertar al mundo ante una escalada que ha transformado el asedio económico en una agresión de consecuencias cada vez más dramáticas para la vida cotidiana de millones de cubanos.
La persecución financiera ha alcanzado niveles inéditos. A ella se suma una ofensiva destinada a impedir que terceros países y empresas suministren combustibles a Cuba. El resultado es conocido: en lo que va de año apenas ha podido arribar un buque petrolero al país, realidad que repercute directamente en la generación eléctrica, transporte, producción de alimentos, actividad industrial, etcétera, y prácticamente en todos los sectores de la economía.
Ese fue el centro del debate. No una discusión abstracta sobre diferencias políticas, sino el examen de una estrategia que pretende convertir las necesidades más elementales de un pueblo en instrumento de presión.
Que esa denuncia haya llegado al principal órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas tiene un significado que trasciende las fronteras cubanas. Allí convergen, en igualdad soberana, todos los Estados miembros de la organización. Allí se defienden los principios del Derecho Internacional que prohíben la coerción, la injerencia y la imposición unilateral como elementos para doblegar la voluntad de una nación.
No fue casual que numerosas organizaciones regionales y mecanismos de integración hicieran suya la denuncia cubana. El Grupo de los 77+ China, Caricom, la Unión Africana, la Asean, la Organización de Cooperación Islámica y otros foros multilaterales coincidieron en reclamar el levantamiento de las medidas represivas unilaterales y rechazar el recrudecimiento del bloqueo.
Esas posiciones tienen un valor que rebasa la solidaridad política. Expresan el compromiso con principios que protegen a todos los Estados por igual. Si hoy se acepta que un gobierno pueda impedir a otros vender combustible, procesar pagos bancarios o realizar operaciones comerciales con una nación soberana, mañana cualquier país podría convertirse en víctima de iguales prácticas.
Como expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el bloqueo constituye un acto de guerra económica y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Las cifras expuestas durante el debate y los testimonios compartidos por las delegaciones confirmaron que no se trata de un diferendo bilateral, sino de una política con efectos humanitarios concretos.
También quedó al descubierto el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. La pretensión consiste en intimidar a navieras, bancos, aseguradoras, empresas energéticas y Gobiernos para que renuncien a comerciar con Cuba, aun cuando ello contradiga sus propios intereses y el Derecho Internacional.
Los pronunciamientos divulgados por la cancillería cubana muestran que su denuncia encontró eco en las más diversas regiones del planeta. No fueron voces aisladas. Fue un coro amplio que coincidió en señalar la ilegalidad y el carácter inhumano de las medidas coercitivas unilaterales.
Algunos podrán preguntarse por qué insistir en Naciones Unidas cuando las decisiones de la Asamblea General no obligan jurídicamente a quienes mantienen el bloqueo. La respuesta es sencilla: porque las normas internacionales también se fortalecen con la autoridad moral de la comunidad de naciones. Porque allí queda constancia de quién defiende el respeto al Derecho Internacional y quién insiste en desconocerlo.
Hay bloqueos que buscan cerrar mercados. Este pretende también apagar motores, detener hospitales, paralizar fábricas y oscurecer toda una nación. Aspira a que la escasez de combustible dicte el fin de la esperanza.
Sin embargo, el debate extraordinario dejó otra imagen. La de un Estado que decidió llevar su verdad al foro más universal del planeta y la de una comunidad internacional que volvió a recordar que la fuerza no puede sustituir al derecho. Y cuando el mundo habla desde el Derecho Internacional, la verdad termina iluminando, incluso, donde otros intentan imponer la oscuridad.
Fundación Robert A. Paneque
