A cinco años del 11J en Cuba, ‘¿qué falta por hacer?’ – DIARIO DE CUBA

Cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, la organización Justicia 11J lanzó la campaña «Cinco años sin justicia», articulada alrededor de dos preguntas que buscan reabrir el debate sobre la situación de los presos políticos cubanos: «¿Qué queda pendiente? ¿Qué falta por hacer?»

La iniciativa pretende impulsar una nueva etapa de acciones para exigir la liberación de quienes permanecen encarcelados por las manifestaciones de julio de 2021 y replantear las estrategias de acompañamiento, denuncia y presión sobre el régimen cubano.

«Queremos imaginar nuevas maneras de abrir caminos para la libertad. Por esta razón nos preguntamos: ¿Qué queda pendiente? ¿Qué falta por hacer?», señaló la organización al presentar la campaña. «Es una oportunidad para repensar, junto a quienes quieran sumarse, nuevas maneras de acompañar, denunciar, presionar e insistir hasta que sean libres todas las personas presas por motivos políticos en Cuba«.

Justicia 11J recordó que ha documentado al menos 1.600 detenciones relacionadas con las protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021. Según el grupo, de ese total, 337 personas continúan privadas de libertad por el escenario represivo abierto tras aquellas manifestaciones.

Subrayó que la mayoría de los encarcelados no pertenecían a organizaciones opositoras ni eran figuras políticas conocidas, sino ciudadanos comunes —trabajadores, estudiantes, madres y padres de familia— que salieron a las calles para exigir libertad y mejores condiciones de vida.

«El tiempo también ha sido parte del castigo», advirtió Justicia 11J. Según sus registros, la mediana de las condenas impuestas alcanza los diez años de prisión; 167 personas cumplen sanciones de diez años o más, mientras la condena más elevada asciende a 22 años.

«Estos datos resumen años de vida robados a cientos de personas, el dolor de familias obligadas a resistir la separación y comunidades marcadas por la represión», señaló la organización, que insistió en que la deuda pendiente sigue siendo «la libertad de todas las personas presas por motivos políticos y garantías de que nadie vuelva a ser encarcelado por ejercer sus derechos«.

La campaña coincide con un nuevo endurecimiento de la respuesta del régimen frente al descontento social. En los últimos días, las protestas provocadas por los apagones, la falta de agua y el deterioro de las condiciones de vida han vuelto a ser respondidas con detenciones, operativos policiales y vigilancia de la Seguridad del Estado, especialmente en La Habana.

En ese contexto, uno de los rostros más conocidos del 11J vuelve a estar tras las rejas.

A solo dos días del quinto aniversario de las protestas, Yoan de la Cruz, el joven de San Antonio de los Baños que transmitió en directo algunas de las primeras imágenes del estallido social de 2021, cumplió dos meses detenido bajo una investigación por un presunto delito de tráfico de divisas.

La Seguridad del Estado lo mantiene recluido en la unidad de operaciones conocida como «el Técnico», en Guanajay, en condiciones que su madre, Maribel Cruz, calificó de inhumanas.

«Él me ha dicho que es mejor estar en una prisión que estar ahí», declaró a Martí Noticias, al describir una celda afectada por el calor extremo, los apagones, los mosquitos y las chinches.

De la Cruz fue detenido el pasado 9 de mayo durante un operativo en el que agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria registraron su vivienda y ocuparon computadoras, teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros efectos personales.

Las autoridades sostienen que el joven incurrió en tráfico de divisas por entregar una remesa enviada desde Estados Unidos a una persona presuntamente vinculada con un acto de sabotaje. Su familia rechaza esa versión y considera que el verdadero motivo de su encarcelamiento es su protagonismo durante las protestas del 11J.

«Como es un preso del 11 de julio, lo tienen mal mirado», afirmó su madre, quien recordó que la distribución informal de remesas es una práctica cotidiana en Cuba y rara vez da lugar a procesos penales.

Tras las manifestaciones de 2021, De la Cruz fue condenado inicialmente a seis años de prisión, sanción reducida posteriormente a cinco años sin internamiento. Ahora permanece nuevamente en prisión preventiva mientras la Fiscalía rechaza todas las solicitudes de cambio de medida cautelar presentadas por su defensa.