El régimen cubano anunció este miércoles un conjunto de cambios profundos en el modelo de gestión de las empresas estatales, entre los que destaca la facultad de cada entidad para fijar sus propios salarios y precios sin necesidad de autorización superior, así como para crear empresas filiales y pequeñas y medianas empresas estatales de forma autónoma.

Las medidas forman parte del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el gobierno el 18 y 19 de junio de 2026, considerado por las propias autoridades como la mayor transformación estructural desde el Período Especial.

Los detalles se presentaron en la Mesa Redonda del canal estatal, con la participación de Giovanna Vega Amato, directora del Sistema Empresarial del Ministerio de Economía y Planificación; Roberto Ricardo Marrero, presidente del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales; y Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.

«A partir de ahora, las empresas decidirán sus precios y decidirán también los salarios que le pagan a sus trabajadores, cada empresa en particular», afirmó Marrero durante el programa.

Además de fijar salarios y precios, las empresas estatales podrán aprobar su plan económico anual, definir el destino de sus utilidades, trazar su estrategia a largo plazo y autorizar sus principales inversiones sin depender de instancias centrales.

Otra novedad relevante es la eliminación del requisito de autorización previa del Ministerio de Economía y Planificación para crear nuevas empresas.

«Ya no se va a requerir de una autorización previa al Ministerio de Economía y Planificación para crear empresas, lo cual otorga una flexibilidad importante a esa diversidad y dinámica que necesita el tejido empresarial cubano», señaló Vega Amato.

El 29 de junio de 2026, la Gaceta Oficial publicó el Decreto 144 que crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, organismo que entrará en vigor alrededor del 29 de julio. Sus responsables se apresuraron a aclarar que no se trata de una nueva capa burocrática: «Este instituto no interfiere en la autonomía de las empresas, no las dirige, no las administra. No es un superministerio, como algunos han expresado», dijo Marrero.

La función declarada del instituto es representar al Estado como propietario de los medios de producción y controlar tres indicadores clave: rendimiento de la inversión estatal, crecimiento de utilidades e ingresos en exportación y divisas.

El paquete de reformas también contempla la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, con posible participación de capital privado nacional, extranjero y personas naturales.

De las aproximadamente 2,800 empresas que integran el entramado empresarial cubano, solo 300 operan actualmente bajo esa figura. Las entidades se clasificarán en cuatro categorías —estratégicas, competitivas, de proyección social y de alta tecnología—, siendo las competitivas y tecnológicas las primeras candidatas a convertirse en sociedades mercantiles.

Marrero subrayó que las licitaciones de los medios fundamentales de producción deberán ser públicas: «Tiene que ser pública la licitación de los medios fundamentales de producción que se van a ofrecer y a gestionar. Aquí no nos podemos equivocar. Esto es algo importante».

Para el sector privado, las 176 medidas eliminan el tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, autorizan la creación de bancos privados bajo supervisión del Banco Central y establecen la eliminación progresiva de la libreta de racionamiento, sustituyendo los subsidios universales por ayudas focalizadas a personas vulnerables.

El anuncio llega en medio de una crisis económica severa marcada por apagones prolongados, escasez generalizada, inflación desbocada y un éxodo masivo de población, consecuencias directas de más de seis décadas de modelo centralizado que estas reformas buscan, al menos en el papel, comenzar a desmantelar.