Tres jóvenes arrestados en Contramaestre por el incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo fueron liberados la semana pasada, después de que los órganos de instrucción penal no lograran demostrar su participación en el hecho, según confirmó el activista Yois Ramos, radicado en Estados Unidos.
Las liberaciones dejan al descubierto la forma en que el régimen respondió a las protestas del 21 de junio en Maffo, detonadas por los apagones extremos y la escasez de alimentos. En lugar de atender la rabia acumulada en los barrios, la maquinaria policial terminó persiguiendo sospechosos, extendiendo el castigo y envolviendo el caso en acusaciones de sabotaje.
Los muchachos excarcelados son Luis Alberto Leyva, de 20 años; Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21; y Ángel Luis Leyva, de 18. Uno de ellos quedó desvinculado por completo al demostrarse que esa noche cumplía con el Servicio Militar. Salieron sin cargos ni multa, pero continúan bajo vigilancia extrema, una señal clara de que la libertad en Cuba sigue siendo precaria incluso cuando el expediente se cae por su propio peso.
El caso también expone el uso abusivo de la detención provisional y la opacidad con que actúan los aparatos represivos. Los tres jóvenes habían permanecido recluidos en el cuartel de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, conocido como Versalles, bajo sospecha de sabotaje. Mientras tanto, otros tres menores siguen detenidos: Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años; José Jorge Menéndez Vázquez, de 17; y José Ángel Borrero, de 17.
Según el activista, a esos adolescentes apenas les permiten diez minutos con sus familiares una vez por semana. La página oficialista Héroes del Moncada, vinculada al Ministerio del Interior y a la Seguridad del Estado, asegura que existen pruebas irrefutables contra ellos. Pero el propio expediente de los liberados muestra otra realidad: el régimen primero encierra, después filtra versiones y solo al final intenta sostener la narrativa que le conviene.
La alarma crece porque el 14 de julio vence el plazo fijado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para que las autoridades cubanas respondan por la presunta detención arbitraria e incomunicación de varios ciudadanos en Contramaestre. Ese organismo ya habló de desaparición forzada de corta duración y expresó inquietud por la prisión provisional impuesta a adolescentes de 15 años, una medida que vuelve a colocar al sistema penal cubano bajo el foco internacional.
La denuncia de Cubalex añade otro elemento incómodo para el régimen: la legislación penal cubana fija la responsabilidad criminal a partir de los 16 años, pero el manejo policial de estos casos sigue empujando a menores y jóvenes a un sistema donde la tutela familiar, la asistencia letrada y el debido proceso quedan subordinados a la lógica del control político. Contramaestre muestra, una vez más, cómo la represión se activa cuando la crisis social desborda al poder y cómo la Seguridad del Estado convierte cualquier estallido local en un expediente para castigar, intimidar y dejar aviso.
Fundación Robert A. Paneque
