Brasil entra hoy en el período de veda electoral, una etapa de restricciones legales que limita la actuación de los agentes públicos durante los tres meses previos a las elecciones generales del 4 de octubre.
Con el propósito de garantizar igualdad de condiciones entre las candidaturas, desde este 4 de julio comienzan a regir las principales prohibiciones previstas en la Ley de Elecciones y reglamentadas por el Tribunal Superior Electoral -TSE.
Tales medidas buscan impedir el uso de la estructura estatal, recursos públicos y mecanismos oficiales de comunicación para favorecer a aspirantes a cargos electivos.
El llamado “defeso eleitoral” en portugués, en alusión al período de veda utilizado en la legislación ambiental para proteger la reproducción de especies, se extenderá hasta el 25 de octubre, fecha prevista para una eventual segunda vuelta de los comicios.
Las normas alcanzan a cualquier agente público, independientemente de que ejerza un cargo de forma permanente, temporal o sin remuneración, ya sea por elección, nombramiento, contratación o cualquier otro vínculo con la administración pública.
Según una información publicada por el TSE, uno de los principales efectos del inicio de este período recae sobre la gestión de personal, pues quedan prohibidos los nombramientos, contrataciones, despidos sin justa causa, remociones, transferencias y exoneraciones de servidores públicos en los ámbitos federal y estatal, salvo en los casos expresamente autorizados por la legislación.
Otra de las áreas más sensibles es la comunicación institucional, ya que queda vetada la difusión de publicidad oficial sobre actos, programas, obras, campañas y servicios gubernamentales, salvo cuando exista una necesidad pública grave y urgente reconocida por la Justicia Electoral.
Esa restricción también alcanza los pronunciamientos oficiales en cadena nacional de radio y televisión fuera de las situaciones excepcionales previstas por la ley.
Los portales institucionales, canales oficiales y perfiles de redes sociales solo podrán mantener un carácter estrictamente informativo, sin promoción personal de autoridades, referencias a candidatos o utilización de elementos que puedan influir en la disputa electoral.
Además, las dependencias gubernamentales deberán revisar el contenido de sus sitios web y redes oficiales para retirar nombres, imágenes, símbolos, eslóganes u otros elementos que identifiquen a figuras cuyos cargos estén en disputa en las elecciones.
Con la entrada en vigor de esas y otras reglas, los gobiernos a nivel federal y estatal, así como organismos de control y administraciones públicas, deberán ajustar su actuación a un régimen especial destinado a preservar la equidad, la imparcialidad institucional y la transparencia durante la campaña hacia las elecciones generales de octubre.
Fundación Robert A. Paneque
